Por: Roxana Alanís Reyes
Minatitlán, Colima., a 04 de mayo de 2026.- El presidente municipal de Minatitlán, Alejandro Mancilla González, rechazó las acusaciones de nepotismo y despidos injustificados en su administración, al tiempo que responsabilizó a anteriores gobiernos municipales de los procesos laborales que actualmente enfrenta el Ayuntamiento.
En entrevista, el edil aseguró que es “totalmente falso” haber basificado a 20 familiares o allegados, como ha señalado el sindicato de trabajadores. Explicó que dichas plazas derivan de laudos emitidos por tribunales laborales, originados en demandas interpuestas desde 2018, antes de su gestión. “Son resoluciones que no pueden detenerse. Como autoridad estamos obligados a cumplirlas, de lo contrario incurriríamos en desacato”, sostuvo.
Mancilla González detalló que estos trabajadores ya desempeñaban funciones permanentes, por lo que el tribunal determinó su basificación como un acto de justicia laboral. Asimismo, negó que exista parentesco directo con los beneficiados, al afirmar que ninguno corresponde a familiares hasta tercer grado.
Respecto a los señalamientos del sindicato, respaldado por el líder Jesús (Chuy) Verduzco, el alcalde lamentó que se difunda información falsa y acusó falta de disposición al diálogo. Indicó que convocó públicamente a los representantes sindicales a un encuentro para aclarar los temas, sin que estos acudieran.
En contraparte, el presidente municipal señaló presuntas prácticas de nepotismo dentro del propio sindicato, al afirmar que varios integrantes de la familia del dirigente perciben ingresos del Ayuntamiento.
Además, reveló que el líder sindical percibe ingresos anuales superiores al millón de pesos, cifra que, dijo: rebasa el salario del propio alcalde y de integrantes del Cabildo.
En cuanto a la demanda de 11 trabajadores adicionales que buscan su basificación, Mancilla González informó que su administración decidió frenar el proceso, argumentando inconsistencias legales, como la falta de aprobación del Cabildo y la inexistencia de dichas plazas en el presupuesto municipal.
Advirtió que acceder a esta petición implicaría un impacto económico cercano a los 12 millones de pesos por concepto de salarios caídos, lo que afectaría la prestación de servicios públicos. “El recurso es del pueblo y debe destinarse a obras y servicios prioritarios, no a decisiones que consideramos injustificadas”, subrayó.
Finalmente, el alcalde aseguró que su gobierno se mantiene respetuoso de la autonomía sindical y negó cualquier intento de intervenir en sus procesos internos, aunque reconoció que existen impugnaciones sobre la legitimidad de la dirigencia actual.
Pese a la confrontación, reiteró su disposición al diálogo y llamó a privilegiar la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.
