Una investigación periodística reveló que la anterior estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó licencias con goce de sueldo a decenas de altos funcionarios, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
De acuerdo con la información, entre 2019 y 2025 se concedieron al menos 49 permisos especiales bajo el argumento de “asuntos personales”, los cuales permitieron a servidores públicos ausentarse de sus funciones sin dejar de recibir su salario completo.
Uno de los casos más destacados es el de una funcionaria que, durante varios meses sin laborar, habría percibido más de 700 mil pesos en ingresos, lo que ejemplifica el impacto económico de este tipo de beneficios.
Los permisos eran autorizados por instancias internas de la propia Corte, lo que permitió mantener este esquema durante años. Sin embargo, actualmente existe poca claridad sobre las razones específicas de estas licencias, ya que la información fue clasificada como confidencial bajo criterios de protección de datos personales.
Este caso se suma al debate nacional sobre los llamados privilegios dentro del sector público, en un contexto donde recientes reformas buscan limitar beneficios excesivos, como las conocidas “pensiones doradas”, que durante años permitieron ingresos elevados a exfuncionarios.
Aunque no se ha hablado de sanciones directas, el tema ha reavivado la discusión sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones del país.
