Una investigación reveló que al menos siete empresas sancionadas por Estados Unidos, vinculadas presuntamente al Cártel de Sinaloa, habrían suministrado productos químicos y de laboratorio a dependencias y gobiernos locales en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur.
Entre 2018 y 2025, estas compañías obtuvieron más de 600 contratos públicos, principalmente por adjudicación directa, por un monto cercano a 36 millones de pesos, generando cuestionamientos sobre la transparencia y responsabilidad de los gobiernos locales.
Las sanciones estadounidenses implican congelamiento de activos y prohibición de operaciones con entidades de EE. UU., mientras que autoridades locales enfrentan presión política para explicar los contratos otorgados a estas empresas.
Empresas sancionadas por EE. UU. habrían suministrado productos químicos a gobiernos locales en México
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